(Clarín) A pesar de haber dictado en marzo una sentencia donde deja en claro los alcances del aborto no punible según el Código Penal, la Corte debió intervenir de urgencia al plantearse un conflicto de competencia. Pro Familia había recurrido el viernes 5 al fuero en lo contencioso administrativo de la Ciudad, donde su pedido fue rechazado, por lo que apeló. La víctima, por su parte, pidió a la Cámara del fuero la ratificación del fallo, y la urgente remisión a la Corte.

El martes 9, Pro Familia volvió a presentar la solicitud ante la jueza nacional civil Myriam Rustán de Estrada, quien hizo lugar al amparo prescindiendo del sorteo, por lo que fue apartada de la causa. Su fallo fue apelado por la Ciudad.

Ante el conflicto de competencia, el jueves, el Tribunal dejó sin efecto la cautelar y ordenó a la Ciudad cumplir con el aborto no punible. Al cierre de esta edición aún no había confirmación de que la práctica se hubiera realizado.

La sentencia fue recibida con beneplácito por legisladores y organizaciones de mujeres; que además cuestionaron el protocolo hospitalario firmado por el ex ministro Jorge Lemus. Amnistía Internacional consideró que el fallo de la Corte fue “un paso adelante en favor de los derechos de las mujeres”, pero cuestionó el retraso del procedimiento, al que calificó como una “tortura”. Y exhortó a sus activistas a enviar cartas a Macri, y a los ministros de Salud de la Nación y de la Ciudad, para pedir seguridad para la víctima de trata, y que se asegure sin demoras el acceso a los abortos no punibles.

Otro fue el camino tomado por las autoridades sanitarias bonaerenses ante la solicitud de interrumpir su embarazo por parte de una mujer en situación de prostitución que había sido violada. La solicitud fue impulsada por la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). La mujer entregó la declaración jurada que exige el protocolo de la Provincia y concurrió al servicio de Ginecología del Policlínico San Martín donde, según AMMAR, los profesionales se negaron a atenderla y argumentaron objeción de conciencia porque se trataba de una mujer en situación de prostitución.