Empresas prepagas e instituciones del sector privado de la salud manifestaron ayer su “desazón y descontento generalizado” tras el criterio utilizado por la Superintendencia de Servicios de Salud para autorizar incrementos en las cuotas del sector inferiores a los reclamados. Las prepagas habían solicitado un ajuste del 9% desde septiembre, pero el Gobierno les concedió 7,5% desde octubre.

Las empresas cuestionaron que los ingresos en las cuotas serán “menores a lo pautado y por lo tanto insuficientes, y además llegarán a destiempo para cumplir con los compromisos asumidos en las últimas paritarias”.

Las entidades analizaron en una reunión la presentación de recursos administrativos y judiciales, en última instancia, «como consecuencia de la aplicación inadecuada de la ley 26682, Ley de Regulación de las Entidades de Medicina Prepaga«.

En ese marco, los empresarios volverán a reunirse mañana para decidir las acciones a seguir.

Esa decisión, según el comunicado, fue respaldada por ADECRA, ADEMP, ACAMI, CEMPRA, CEDIM, CIMARA, FEM, FEMECA y FAOSDIR.

Los empresarios analizaron también «la posibilidad real de que las entidades que ellas nuclean, decidan cobrar copagos en sus sanatorios, hospitales, centros de atención ambulatoria y centros de diagnóstico, para poder hacer frente al incremento de los gastos propios, a sus estructuras de costos, como a los relativos al costo de vida en general».