Regulan los geriátricos de la provincia de Buenos Aires

La nueva ley, aprobada por la Cámara de Senadores bonaerense, apunta a la pro¬tección de las personas asiladas en los geriátricos, a resguardar sus derechos a vivir dignamente, y velar por su seguridad.

La actividad de los geriátricos de la Provincia comenzará a estar regulada a partir de la  sanción de una ley, aprobada ayer en el Senado bonaerense, que establece pautas para el funcionamiento de establecimientos públicos y privados.

Es que hasta ahora no existía un marco legal específico en la provincia para el trabajo de estas institu­ciones, y cuando se producían clausuras o sanciones era sobre la base de las normas generales edilicias o por figuras penales comunes en el caso de maltrato a personas, explicaron fuentes de la Cámara alta.

El proyecto fue redactado por el senador Santiago Nardelli, oficialista, y fue convertido en ley por el Senado luego de sufrir cambios en la Cámara de Diputados.

La nueva ley apunta a la pro­tección de las personas asiladas en los geriátricos y a «resguardar sus derechos a vivir dignamente, velar por su seguridad y estable­cer los órganos competentes que supervisen las condiciones de pres­tación» del servicio, dijo Nardelli.

La norma establece que los residentes de los asilos pueden recibir visitas en cualquier horario excepto el de descanso, anulando así cualquier otro límite que pueda establecerse. También, se incluye la información y comunicación permanente; la intimidad y no  divulgación de sus datos personales; mantener vínculos familiares, afectivos y sociales; entrar y salir libremente; etcétera.

También obliga a sus responsables a la rápida atención de las emergencias (la contratación de un servicio de emergencias médicas es ahora obligatoria) y de los casos médicos complejos (se requiere la consulta externa de cualquier caso que no pueda resolver el médico a cargo).

Se prevé una categorización de los geriátricos que deberá ser establecida por la reglamentación de la ley, y se les da a los ya existentes un plazo de un año para adaptarse al nuevo marco legal.

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