El Frente para la Victoria logró el quórum para comenzar la sesión especial en la Cámara de Diputados y allí se trató la regulación de las empresas de medicina prepaga. Se debatió durante cinco horas y finalmente el proyecto obtuvo 190 votos afirmativos, 29 abstenciones y ningún voto negativo.

Durante la sesión, Gabriela Michetti adelantó que el PRO se abstendría en la votación. Por su parte, el Frente para la Victoria y el Partido Socialista apoyaron la medida. Asimismo, el diputado del radicalismo Ricardo Gil Lavedra confirmó que su bloque iba a “estar aceptando las modificaciones del Senado”.

Mientras se daba el debate, una de las voces que se mostraron en contra del proyecto fue la de Gabriela Micchetti, quien expresó: “como está planteada, la ley implica una baja en la calidad del servicio”. Asimismo, aseguró que “esta ley no va a mejorar el sistema de salud”. La diputada del PRO adelantó, además, que en los próximos días presentará un proyecto de ley relacionado a un sistema integral de la salud, con el objetivo de que los tres subsistemas convivan y puedan funcionar correctamente.

Por su parte la diputada Graciela Camaño, se mostró a favor de la ley aunque dijo que habría que modificar el artículo 1°. “Convirtamos a los pacientes en pacientes y no en usuarios”, sostuvo.

La diputada María Virginia Linares, del GEN, por su parte, sostuvo que consideran necesario “una ley que complemente a este proyecto”. Destacó que “Argentina es el país de Latinoamérica que más gasto per cápita tiene de salud, pero es el más inequitativo”, tras considerar que “este es uno de los temas que el Congreso tiene que estas abordando”.

Por último la diputada sostuvo que su bloque “va a votar una regulación que le de transparencia, previsibilidad y protección a los usuarios”.

A su turno, el diputado Claudio Lozano de Proyecto Sur, remarcó: “Desde la teoría económica convencional, desde los propios neoclásicos que piensan al mercado en términos de competencia, aunque desde esas visiones donde existe una formulación que rechaza la intervención por parte del Estado, claramente distinguen al mercado de la Salud como un mercado donde necesariamente el Estado tiene que intervenir”.

La norma excluye a las mutuales y cooperativas porque se consideró que están reguladas por otro régimen.

El proyecto obliga a las empresas de medicina prepaga a disponer de planes de cobertura médico-asistencial, el Programa Médico Obligatorio y el sistema con prestaciones básicas para personas con discapacidad, a la vez que permite a los usuarios rescindir los contratos en cualquier momento sin penalidad alguna en su contra.

La norma establece que las empresas no podrán fijar períodos de carencia o espera para las prestaciones, deberán aceptar a personas con enfermedades preexistentes, no podrán tomar la edad como criterio de rechazo de admisión, y a los mayores de 65 años, con al menos diez años de antigüedad en la cobertura, no les podrán aumentar la cuota.