La tragedia global muestra que Estados fuertes y salud pública tienen poderosas razones para existir en beneficio de todos, y debe dejarnos una lección: la resignificación de lo estatal. El sistema de salud publica carece de muchos instrumentos, y no es culpa de este gobierno, el anterior o el anteúltimo.
Hace 30 años que Argentina piensa solo en la crisis económica actual, la próxima o la deuda pública, o el otorgamiento de derechos escandinavos, en un país con déficit de cloacas, y desplaza la salud pública a lugares secundarios en las prioridades de cualquier administración.
Hasta que llegó la amenaza de una epidemia sin cura, se discutía la ”inconstitucionalidad” de que los jueces paguen ganancias o tengan un régimen jubilatorio especial, por las “características particulares” de su trabajo, mientras en hospitales públicos carentes de recursos, trabajadores de salud enfrentaban en el olvido, el desafio de un país mas saludable.
Hace tres meses el país no ten’a ministerio de salud, en un Estado que “defiende” el valor universal de lo público y hace décadas se dedica a alimentar la salud prepaga. Se intenta desmentir esa verdad con tibias iniciativas de reforma que eluden problemas centrales, y bajas de presupuesto que hoy se traducen en torpezas, vacío de protección, y se desmantela lo que llegado el momento, como ahora, es lo único que nos puede dar cierta seguridad.
Observamos cómo un sistema degradado por la inequidad, fragilidad financiera y de gestión, es incapaz de gestos drásticos después de décadas de recortes.
Mientras tanto discutimos “centralidades” como el lenguaje inclusivo, y evitamos discutir la necesidad de un ministerio que maneje PAMI y obras sociales, o desfinanciamos el sistema publico humillando a sus médicos, despreciando a sus enfermeros, empujando a sus científicos a la esfera privada, inauguramos hospitales sin dotación, y sostenemos parlamentos bicamerales en provincias (las de salud mas frágil) que cuestan promedio $34,2 millones anuales por legislador; dádivas en manos de diputados o un senado, con 24,5 empleados por legislador (aunque hay otros 3.987, que solo Dios sabe qué funciones cumplen).
Muchos economistas, insisten en bajar gasto público y presión impositiva. No puedo dejar de estar de acuerdo, pero creo que se quedan en el tema económico y no se plantean algo más profundo que tiene que ver con lo institucional: tenemos un estado bobo, capaz de cobrar impuestos a quienes pagan e inútil para garantizar con eficiencia servicios básicos como salud educación y seguridad.
Se pretendió dar un salto de calidad descentralizando servicios a las provincias, pero faltan acuerdos federales y rectoria nacional que garanticen un piso básico de calidad de los servicios. ¿De qué sirve una descentralización que no genera mas equidad en los territorios?. Se debate como ampliar la economía y hacerla sustentable, pero se gana el gobierno por la postergación social, en periodos de florecimiento de la economía se despilfarran recursos en beneficios no sustentables en los no tan prósperos y no se cambian estructuras que condicionan desigualdad y pobreza. Hay más amor por el poder circunstancial de conducirlo que por el país.
La verdadera justicia social demanda tiempo y cambios estructurales en las sociedades: un régimen impositivo progresivo con cargas sobre ingresos personales, un estado que se hace cargo de educación y salud y una seguridad social como ingreso básico sobre la que se articulan las distintas prestaciones, una política económica con claras prioridades en inversión pública, y un régimen laboral que premie capacidad, dedicación y no mera permanencia.
Al país le cuesta acoplarse, por falta de comprensión, o por permanecer anclado en el imaginario de un mundo que hace mucho dejó de existir, a un contexto que produjo y produce una formidable mutación tecnológico-cultural. Incapaz de atraer inversiones productivas y generar empleo de calidad, el Estado brindó empleo y subsidios para compensar falencias de la economía.
Los 2.300.000 empleados públicos del 2001 pasaron a 3,6 millones en 2016, los empleados públicos provinciales cada mil habitantes pasaron de 36 a 52, y hoy tenemos dudas de la capacidad de respuesta sanitaria. En 15 años, el empleo público creció más del 56%, y la población menos del 20, y los distintos Gobiernos, se endeudaron para financiar esa administración pública gigantesca e ineficiente, que es necesario reformar.
Hay limitaciones para esa reforma, la principal, la resistencia de buena parte de la dirigencia política a abandonar definitivamente ciertas recetas convertidas en parte de la cultura política argentina. La salud debe volver a la agenda de todas las políticas, o seguiremos en un país con mucha pandemia y pocas cloacas.
Rubén Torres es Médico sanitarista. Rector de la Universidad Isalud
(Clarín) Por Rubén Torres
