Con la destacada participación del PAMI y bajo la presidencia a cargo de la Argentina del grupo de trabajo sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas que la OEA puso en marcha a principios de este año, fue aprobado el informe sobre la situación de las Personas Mayores en el Hemisferio y la efectividad de los Instrumentos Universales y Regionales Vinculantes de Derechos Humanos.

El equipo del PAMI que trabaja en el informe está encabezado por el director ejecutivo del instituto, Luciano Di Cesare; el gerente de Promoción Social y Comunitaria, Federico Susbielles; la gerente de la Unidad de Desarrollo Estratégico y Gestión para la Calidad, Teresita Ithurburu, y el encargado de Proyectos Internacionales del Instituto, Marcelo Rinaldi.

La delegación Argentina estuvo presidida por Ana Pastorino, y otra de las instituciones argentinas que comparte el trabajo del informe es el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de la Alicia Kirchner, y las siguientes áreas que dependen de esa cartera: la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, a cargo de Paola Vessvessian, y la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores a través de su representante, Monica Roqué.

El informe señala que las personas mayores se encuentran visiblemente en situación de vulnerabilidad en el ejercicio normal de sus derechos. Los Gobiernos acordaron asegurar a este grupo vulnerable igual título a gozar, como todos los demás ciudadanos, de todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Los Estados deben tomar medidas afirmativas en este sentido para asegurar el derecho a la igualdad de oportunidades y a la no discriminación de las personas mayores.

Los debates del Grupo de Trabajo pusieron en evidencia la insuficiencia de los instrumentos internacionales y regionales para la protección de los derechos de las personas mayores en el continente. La intensa participación de los Estados Miembros determinó que el Grupo de Trabajo reconociera la necesidad de elaborar un instrumento interamericano jurídicamente vinculante.