En un esfuerzo por abordar la propagación de enfermedades infecciosas en las cárceles, los países de América Latina han estado explorando acciones para eliminar el VIH, la tuberculosis, la hepatitis B y C, el sarampión y la difteria en los centros penitenciarios. El hacinamiento, la violencia y el acceso limitado a la atención médica agravan la situación.

Para abordar esta cuestión, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en colaboración con el Ministerio de Salud de Brasil, organizó una reunión regional los días 12 y 13 de febrero en São Paulo. El evento reunió a funcionarios de los ministerios de Salud, Justicia e Interior de 15 países, junto con expertos, investigadores, organizaciones internacionales y miembros de la sociedad civil.

El encuentro sirvió como plataforma para debatir los desafíos que enfrentan los países latinoamericanos en la lucha contra la propagación de enfermedades infecciosas en las cárceles, y para compartir estrategias y experiencias exitosas de diversas naciones. Más de 130 participantes asistieron al evento, tanto en persona como de manera virtual, entre ellos representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay y Uruguay.

Según Mónica Alonso, jefa de la Unidad de VIH, Infecciones de Transmisión Sexual, Hepatitis Virales y Tuberculosis de la OPS, “las cárceles de América Latina y el Caribe albergan a millones de personas, muchas de las cuales provienen de entornos altamente vulnerables. Además de las vulnerabilidades preexistentes, enfrentan hacinamiento, violencia, estigma y barreras para acceder a la atención médica”.

Estas condiciones contribuyen a la propagación de enfermedades infecciosas como el VIH, la tuberculosis, la hepatitis C y otras enfermedades prevenibles como la hepatitis B, el sarampión, la gripe y la difteria. “Estas enfermedades no solo afectan a la población carcelaria, sino también al personal penitenciario, a las personas que entran y salen de estos entornos, a los niños y a la comunidad en general”, añadió Alonso.

Las tasas de encarcelamiento en América del Sur y Central están creciendo más rápido que en cualquier otro lugar del mundo. Según datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), en 2021 había más de 11 millones de personas encarceladas en todo el mundo, de las cuales el 32% se encontraban en las Américas. Cada vez hay más pruebas de que los brotes de enfermedades infecciosas en las cárceles no solo afectan a la población encarcelada, sino que también se propagan al público en general.

Cíntia Rangel Assumpção, Coordinadora General de Ciudadanía y Alternativas Penales de la Secretaría de Política Penitenciaria Nacional de Brasil, enfatizó que la eliminación de las enfermedades infecciosas en las cárceles requiere un enfoque intersectorial y multidimensional, que aborde no solo la salud sino también mejoras en las condiciones carcelarias.

“Debemos trabajar en temas como el hacinamiento y la falta de estándares mínimos para la detención de personas, que contribuyen a la propagación de enfermedades. Es urgente que, como sociedad, afrontemos estos problemas y discutamos el acceso universal a la atención sanitaria. Las personas en prisión deben tener acceso a un diagnóstico temprano, un tratamiento adecuado y un seguimiento continuo sin discriminación ni estigma”, afirmó.

Durante la reunión, la OPS presentó a los países las directrices para eliminar la tuberculosis, el VIH, la hepatitis y la sífilis en las cárceles. La organización también discutió las estrategias de vacunación recomendadas para esta población.

Artur Kalichman, Coordinador General de Vigilancia del VIH/SIDA y Director del Departamento de VIH/SIDA, Tuberculosis, Hepatitis Virales e Infecciones de Transmisión Sexual del Ministerio de Salud de Brasil, agradeció la oportunidad de compartir experiencias y fortalecer políticas públicas basadas en evidencias. “Es fundamental que discutamos cómo ampliar la capacidad de diagnóstico precoz y garantizar el acceso al tratamiento, sabiendo que se trata de una acción de salud pública que tendrá impacto no solo dentro de las cárceles, sino también para toda la sociedad”, enfatizó.

Las personas encarceladas se ven afectadas de manera desproporcionada por enfermedades infecciosas, en particular el VIH y la tuberculosis. En las Américas, las tasas de tuberculosis en la población carcelaria son 50 veces más altas que en la población general. “Las personas encarceladas tienen 7,2 veces más probabilidades de vivir con VIH que los adultos de la población general. Aunque disponemos de datos limitados, se estima que alrededor del 15% de la población carcelaria total padece hepatitis C, el 4,8% hepatitis B crónica y el 2,8% tuberculosis activa. Las personas en prisión son una muestra representativa de la población general. Aquí es donde podemos abordar estas cuestiones cruciales. Se trata de una población muy desatendida”, afirmó Andrea Boccardi, Director y Representante de ONUSIDA en Brasil.

La OPS también presentó a los países una herramienta para mejorar la salud y el bienestar de las personas encarceladas desde una perspectiva de derechos humanos, enfatizando que pueden contar con el apoyo de la organización para su implementación.

Al concluir la reunión, se delinearon los próximos pasos, entre ellos la creación de un grupo de trabajo técnico regional, la implementación de una herramienta de microplanificación de vacunación en prisiones con el apoyo de la OPS y el fortalecimiento de la cooperación intersectorial y acciones con la sociedad civil para abogar por los derechos de las personas encarceladas.