La nueva ley no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza antes de las 12 semanas siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado, y hasta 14 en caso de violaciones y sin restricciones para el caso de malformaciones del feto o riesgo de vida para la madre.

Las mujeres podrán solicitar que se les practique un aborto en cualquier centro sanitario público o privado, que a partir de esta jornada «están obligados a realizar la intervención o a garantizar que ésta se haga por terceros en casos de objeción de ideario.

Las autoridades sanitarias uruguayas han publicado un manual y una guía de procedimientos para practicar los abortos que deberán seguir las mujeres, los hospitales y clínicas, y los médicos.

Previamente a la interrupción del embarazo, las pacientes deberán pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que le asesorarán sobre los riesgos de practicarse un aborto e incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.

Posteriormente, la paciente tendrá cinco días para la reflexión, y luego de ratificar su voluntad se le practicará el aborto «que será farmacológico» y siguiendo los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), agregó Rieppi.