(Cronista comercial) Los datos que esta misma semana denunciaron una escalada en los niveles de litigiosidad contra el sistema de riesgos del trabajo, con un aumento interanual del 45% en la cantidad de nuevas demandas iniciadas, fueron la gota que rebalsó el vaso. El Gobierno decidió entonces enviar ayer al Senado el proyecto de reforma del régimen de ART, una iniciativa con la que apunta a frenar la industria del juicio que castiga duramente los costos laborales empresarios. El proyecto oficial, que fue conversado previamente con las principales cámaras sindicales, la conducción de la CGT y las aseguradoras del sistema y cuyos ejes fueron anticipados por este diario en septiembre pasado, incorpora como elemento central que las comisiones médicas jurisdiccionales, encargadas de determinar grados de incapacidad, prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades vinculadas al trabajo, constituirán una instancia única y obligatoria previa al inicio de cualquier acción judicial.

Con esa definición, establecida en el Título I de la iniciativa remitida ayer a la Cámara alta, el Ejecutivo pretende que las resoluciones de las comisiones médicas tengan carácter de «cosa juzgada» en forma similar a lo que ocurre con los acuerdos entre empleadores y trabajadores homologados por el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (Seclo) del Ministerio de Trabajo, cuyo contenido suele ser irreversible en otro procedimiento judicial posterior. Al respecto, en el Anexo I del proyecto oficial se establece que «los actos de homologación de cosa juzgada administrativa en los términos y los alcances del artículo 15 de la ley 20.744» (Ley de Contrato de Trabajo).

Para ello el proyecto dispone la creación de un nuevo Servicio de Homologación, que funcionará en el ámbito de las comisiones médicas jurisdiccionales y tendrá la función de «sustanciar y homologar los acuerdos por incapacidades laborales permanentes definitivas y fallecimiento, mediante las actuaciones y con intervención de los funcionarios que a tal efecto determine la Superintendencia de Riesgos del Trabajo».

Por otra parte, el proyecto oficial impulsa la creación del denominado «autoaseguro público provincial» destinado a que las provincias y sus municipios puedan autoasegurar los riesgos del trabajo correspondientes al personal enmarcado en los regímenes de empleo público de esas jurisdicciones. Al respecto, la iniciativa establece que «las prestaciones dinerarias (del autoseguro provincial) deberán ser administradas mediante un régimen de gestión económica y financiera separado del que corresponde a la contabilidad general provincial», y habilita a los municipios a incorporarse al autoseguro de su propia provincia.

El Ejecutivo apuró el envío de la reforma al Congreso después de que está semana un relevamiento de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART) advirtió que solo en septiembre la cantidad de juicios iniciados se disparó hasta alcanzar 14.333 nuevas demandas mensuales, cifra que representa un incremento del 45% respecto al nivel registrado en septiembre de 2015 y una suba de 32% en comparación con agosto último.