El Gobierno nacional presentó ante el Congreso el Proyecto de Ley de Prevención de Ludopatía y Regulación de Juegos de Azar en Línea. La medida tiene como finalidad ordenar el mercado virtual de apuestas, limitar la publicidad y fortalecer la protección de niños y adolescentes frente al acceso a plataformas de juego on line.

La iniciativa reconoce que la prevención del juego patológico debe ser abordada como una política sanitaria en todo el país. En ese marco, el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina (SEDRONAR), tendrá un rol central en el diseño y coordinación de las estrategias de prevención, asistencia y abordaje integral de esta problemática en articulación con las 24 jurisdicciones.

Entre las acciones previstas, la cartera sanitaria nacional impulsará programas de prevención y sensibilización destinados especialmente a niños y adolescentes, familias, instituciones educativas y organizaciones sociales. Asimismo, desarrollará capacitaciones para agentes estatales y equipos técnicos, instituciones educativas y organizaciones sociales vinculados al abordaje de esta problemática en términos de consumos problemáticos y salud mental.

Además, el Ministerio de Salud trabajará en la producción de información epidemiológica y estadística para dimensionar el impacto de la ludopatía en el país y fortalecer la toma de decisiones basadas en evidencia. Para ello, se prevé la articulación con universidades, organismos públicos y entidades especializadas en salud, educación y tecnología. Finalmente, promoverá campañas de comunicación sobre los riesgos asociados al juego compulsivo.

Por otro lado, el proyecto propone la articulación entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Comisión Nacional de Valores (CNV), el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet (NIC Argentina) para bloquear el acceso a recursos técnicos y económicos de plataformas ilegales. En esta línea, establece que las entidades financieras, proveedores de servicios de pago o de activos virtuales (criptomonedas) tienen prohibido ofrecer sus servicios a operadores de juegos de azar no autorizados. Por su parte, el NIC Argentina podrá suspender, inhabilitar o dar de baja dominios denunciados por las autoridades competentes en materia de juego ilegal.

En materia de publicidad, el proyecto prohíbe la promoción, patrocinio y difusión de plataformas ilegales en televisión, radio, vía pública, redes sociales y entornos digitales. Cualquier entidad, agencia, medio de comunicación o creador de contenido tendrá que verificar que el operador promocionado cuente con autorización oficial. También estará prohibida la exhibición de direcciones de sitios de juego no autorizados en cualquier medio de comunicación.

En cuanto a la protección de menores de edad, la propuesta enviada al Congreso plantea que las plataformas autorizadas que no cuenten con sistemas tecnológicos de seguridad eficaces para identificar la edad y excluir a menores tengan prohibido operar financieramente. Asimismo, establece que el BCRA deberá prohibir las transferencias de dinero desde cuentas vinculadas a menores hacia cuentas de operadores de juegos, y que la publicidad de los operadores autorizados no podrá estar protagonizada o dirigida a menores ni asociar el juego con el éxito económico, laboral o social.

Finalmente, la iniciativa propone la modificación del Código Penal fijando penas de prisión de tres a seis años para quienes exploten, administren, operen o de cualquier manera organicen sistemas de captación de apuestas no habilitadas. Propone crear también una nueva figura penal que sanciona con prisión de dos a cuatro años a quienes presten servicios financieros, tecnológicos, publicitarios o digitales esenciales a operadores sin autorización, facilitando así su funcionamiento.

El proyecto busca dar una respuesta integral al impacto que las apuestas on line y el juego compulsivo generan sobre la salud mental de la población, especialmente en niños y adolescentes. A través de herramientas de prevención, asistencia, concientización y articulación entre distintos organismos del Estado, la iniciativa apunta a ordenar el mercado de apuestas en línea, fortalecer la protección de menores de edad y reducir los riesgos asociados a esta problemática creciente en nuestra sociedad.