Crece la preocupación por la judicialización de la salud

En el marco del Primer Congreso Iberoamericano de FICS, referentes del sector judicial, la administración pública y la salud privada advirtieron sobre el aumento exponencial de amparos y la urgencia de promover vías alternativas de resolución de conflictos.

La sostenibilidad de las obras sociales y las empresas de medicina prepaga volvió a ubicarse en el centro del debate durante la apertura del Primer Congreso Iberoamericano de FICS. En el panel, titulado «Judicialización y Promesa», abogados, magistrados y directivos del sector sanitario analizaron las causas detrás de la alta litigiosidad que atraviesa la atención médica en la Argentina y la región, así como las herramientas para evitar que los desacuerdos escalen hasta los tribunales.

El panel estuvo moderado por la Dra. Elizabeth Orrico, subgerenta de Asuntos Jurídicos de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). La mesa contó con las intervenciones del Dr. Máximo Fonrouge, representante de OSDE; el Dr. Juan Pierre Ganchegui, Gerente de Asuntos jurídicos de la SSS; el Dr. Facundo Rodríguez, Gerente General de OSDEPYM; el juez federal Dr. Alfredo Gusmán y el especialista brasileño Dr. José Luis Toro da Silva.

Durante la duración del panel se expusieron cifras alarmantes sobre la carga de trabajo en el Fuero Civil y Comercial Federal de la Nación:

  • De 2.000 a más de 8.000 causas: En 2015 se sortearon alrededor de 2.000 expedientes vinculados a coberturas sanitarias; para 2025 esa cifra superó los 8.000 casos.
  • Peso en la agenda judicial: Mientras que en 2015 los asuntos de salud representaban el 24% del total del fuero, en la actualidad abarcan cerca del 70% de las causas.
  • Medidas cautelares: Alrededor del 80% de los juicios iniciados incluyen solicitudes cautelares, de las cuales el 90% se resuelven antes del primer mes de tramitación.

Facundo Rodríguez enfatizó que la proliferación de normas sin financiamiento explícito condiciona la capacidad de gestión de las entidades: «Ante un mismo esquema de financiamiento, se incorporan prácticas sin definir cómo se financian. Si no logramos contener esto, se acaba el sistema de financiamiento», advirtió.

La visión desde lo judicial

Por su parte, el Dr. Alfredo Gusmán, juez de la Sala 2 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, describió el escenario judicial no como una emergencia aislada, sino como un problema estructural:

«Se ha naturalizado que para cualquier prestación haya que hacer un amparo. Pero el litigio debería quedar reservado para lo excepcional”, opinó el Dr. Alfredo Gusmán.

Gusmán remarcó que las sentencias judiciales actúan como «una aspirina» para dar respuesta individual a un paciente en riesgo, pero aclaró que un tribunal no tiene las herramientas para corregir los déficits estructurales de las políticas públicas ni para evaluar evidencia científica en tiempos del proceso judicial.

Hacia la mediación y el diálogo preventivo

Frente a este escenario, los panelistas coincidieron en la necesidad de fortalecer el trato humano, ordenar las reglas de cobertura y promover el procedimiento PROMESA como un espacio prejudicial para alcanzar soluciones oportunas antes de llegar a la vía contenciosa.

El Dr. Máximo Fonrouge destacó la importancia de distinguir los reclamos derivados de prestaciones de apoyo (como tratamientos por discapacidad) de aquellos donde se discute la sustitución de medicamentos bajo criterios de evidencia científica o la incorporación de nuevas tecnologías fuera del Programa Médico Obligatorio (PMO).

Finalmente, el Dr. José Luis Toro da Silva compartió la experiencia comparada de Brasil, donde la judicialización alcanza cifras aún más críticas —con más de 900.000 procesos activos entre la salud pública y la privada— y remarcó el impacto de la regulación y de los fallos de las altas cortes en el equilibrio de los sistemas de salud suplementaria.

Desafíos a futuro

El consenso del panel apuntó a la necesidad de:

  1. Actualizar la canasta prestacional y la evaluación de tecnologías sanitarias de forma transparente.
  2. Fomentar canales de contención humana e interdisciplinaria dentro de los agentes del seguro para resolver disidencias con el afiliado a tiempo.
  3. Consolidar instancias de mediación como PROMESA para evitar la judicialización masiva y resguardar el derecho a la salud de forma equitativa.

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