El secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, se presentó ante la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados para informar sobre las acciones desarrolladas por el Gobierno nacional y responder consultas de los legisladores en torno al proyecto que propone prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley N° 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad. Acompañado por el subsecretario de Políticas de Accesos y Apoyos, Esteban Giler y el subsecretario de Regulación, Certificación y Proyectos, Gianfranco Scigliano, el funcionario destacó que la prioridad de la gestión es garantizar la atención sanitaria a las personas con discapacidad y a sus familias de manera transparente y sostenible.

En primer lugar, Vilches destacó que, desde la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad en la órbita del Ministerio de Salud de la Nación, se trabajó en el fortalecimiento del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) como ámbito de discusión y definición de las políticas a implementar. “Allí se debatieron, consensuaron y aprobaron por unanimidad de todas las jurisdicciones los nuevos criterios para la evaluación, transparencia y otorgamiento de las prestaciones y asignaciones”, expresó durante su intervención.

Según lo mencionado por el secretario, una de las primeras medidas implementadas fue el ordenamiento de todo el sistema de asignación de certificados y pensiones para garantizar la transparencia en el uso de los recursos. Dicho proceso permitió también alcanzar el control sobre el 98% de los trámites de discapacidad y el 83% de las prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), avanzando así en la depuración y actualización de los padrones y en el fortalecimiento de los mecanismos de validación del sistema.

En paralelo, se avanzó en el ordenamiento administrativo de los expedientes en curso. Los que se encontraban en trámite se redujeron en más de 300.000 del total de 620.000 que existían, y los que pendientes de documentación pasaron de 96.946 a 63.935.

Vilches destacó también que otra de las prioridades de la gestión fue la actualización de los valores del nomenclador de prestaciones básicas. “En octubre de 2025, previo a la reglamentación de la ley de emergencia, el Ministerio de Salud de la Nación otorgó recomposiciones sucesivas de entre 29,73% y 35,43% para el último semestre que permitieron superar ampliamente el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de todo el año”, detalló el secretario. En 2026, también se aplicaron actualizaciones arancelarias en febrero, abril, mayo, julio y agosto y se sostuvieron los adicionales previstos para garantizar la cobertura de situaciones específicas. Se continuó liquidando el adicional del 20% por Zona Desfavorable en las provincias patagónicas y el 35% por Suplemento de Dependencia en prestaciones residenciales y de concurrencia, pudiendo alcanzar un adicional acumulado del 55%.

Además, informó que en materia de financiamiento y compras, desde la creación de la Secretaría Nacional de Discapacidad se regularizó la cadena de pagos a los prestadores de la cobertura Incluir Salud y se normalizó el giro de cápitas y extra cápitas a las provincias. Además, se regularizaron convenios vencidos y se firmaron nuevos acuerdos con entidades que no contaban con contratos activos, alcanzando actualmente un total de 1.140 prestadores de discapacidad con convenio vigente. Conjuntamente, a través de la compra centralizada de medicamentos e insumos, se pudo dar asistencia a 784 beneficiarios y otorgar 2.706 tratamientos de alta complejidad en 2026.

Finalmente, el titular de la SENADIS, compartió que desde la cartera sanitaria nacional “se trabaja junto a las jurisdicciones y otros organismos del Estado para mejorar la atención”. Mediante un esquema de articulación interinstitucional con ANSES y el Ministerio de Justicia se pudo brindar asistencia integral a más de 20.000 en los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) de todo el país. Asimismo, se creó un nuevo canal de consultas que pudo dar un seguimiento individualizado a más de 27.000 requerimientos, se fortaleció la presencia federal con la incorporación de dos nuevas representaciones de SENADIS en Entre Ríos y Catamarca, y se puso en marcha un nuevo Sistema de Recursos Compartidos que permite a las jurisdicciones consultar y descargar de manera individual y protegida su padrón de CUD actualizado.