Pese a los avances normativos registrados en América Latina y el Caribe, las personas con discapacidad siguen enfrentando obstáculos para acceder en igualdad de condiciones a los servicios de salud y a la atención durante emergencias, según un nuevo informe de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Red Interamericana de Personas con Discapacidad y sus Familias (RIADIS).

El informe Inclusión de la discapacidad en los sistemas de salud y gestión de emergencias en América Latina y el Caribe analiza experiencias y desafíos en diez países de la región y concluye que persisten brechas estructurales que dificultan el acceso equitativo a la atención de salud y a servicios esenciales, especialmente en contextos de emergencia.

Para abordar estos desafíos, propone incorporar de manera transversal la discapacidad en las políticas de salud, la preparación y respuesta ante emergencias, los sistemas de información y la organización de los servicios.

Brechas globales y regionales

A nivel mundial, alrededor del 16% de la población vive con alguna discapacidad, según el Informe mundial sobre equidad en salud para las personas con discapacidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En América Latina y el Caribe, esta población enfrenta mayores niveles de pobreza, exclusión y dificultades para acceder a servicios básicos como la salud, brechas que tienden a ampliarse en situaciones de crisis.

Los datos también muestran la magnitud de las desigualdades en salud. Las personas con discapacidad tienen hasta un 45% menos de acceso a servicios para enfermedades cardiovasculares o diabetes y un 33% menos de acceso a pruebas de detección como el VPH. En algunos casos, como la discapacidad intelectual, la esperanza de vida puede ser hasta 20 años menor.

Estos resultados fueron analizados durante un evento regional sobre inclusión de la discapacidad en los sistemas de salud y la gestión de emergencias, convocado por la OPS, la CEPAL y RIADIS.

“El desafío es traducir los avances normativos en cambios concretos en la vida de las personas”, señaló Gustavo Pérez Reina, asesor regional en discapacidad y rehabilitación de la OPS, durante el encuentro. “La inclusión no depende solo de contar con servicios, sino de cómo esos servicios se organizan, se comunican y se adaptan para responder a las necesidades de las personas”.

Desafíos estructurales en los sistemas de salud

El documento identifica cuatro desafíos principales: sistemas de información fragmentados y con limitada interoperabilidad; servicios de salud que continúan organizándose principalmente en función de la oferta y no de las necesidades diversas de las personas; capacitación insuficiente y no siempre permanente del personal de salud; y planes de emergencia que incorporan la discapacidad de forma general, pero sin medidas operativas claras para garantizar accesibilidad, continuidad de la atención y apoyos adecuados.

Brechas territoriales y de acceso a la atención

Las desigualdades también tienen una dimensión territorial. Si bien existen avances en algunos contextos urbanos, los servicios inclusivos tienden a concentrarse en grandes centros y son menos accesibles en zonas rurales o alejadas, ampliando las brechas en el acceso a la atención.

“Muchos países han avanzado en marcos normativos, pero esos avances no siempre se reflejan en la experiencia cotidiana de las personas con discapacidad al acceder a los servicios de salud”, señaló Daniela González, de la CEPAL, durante el evento. “El desafío es pasar de la norma a la implementación efectiva, asegurando servicios realmente accesibles y continuos a lo largo del ciclo de vida”.

Emergencias: cuando las brechas se profundizan

Las desigualdades se vuelven especialmente visibles durante emergencias y desastres, cuando las barreras de acceso a servicios, información y apoyos pueden interrumpir tratamientos y aumentar los riesgos sanitarios para esta población.

“Este informe es histórico para la región porque recoge la voz de las personas con discapacidad y plantea soluciones concretas para avanzar hacia la inclusión real en salud”, afirmó Juan Ángel de Gouveia, presidente de RIADIS, durante el encuentro. “No se trata solo de reconocer derechos, sino de garantizar que se cumplan en la práctica”.

Una hoja de ruta para avanzar en inclusión

A partir de este diagnóstico, el documento propone una hoja de ruta para fortalecer la inclusión en los sistemas de salud. Entre las principales recomendaciones se encuentran integrar la discapacidad de forma transversal en las políticas y planes de salud, mejorar los sistemas de información con datos desagregados y accesibles, garantizar ajustes razonables en los servicios y consolidar mecanismos permanentes de participación de las organizaciones de personas con discapacidad.

Asimismo, se subraya la necesidad de incorporar plenamente la discapacidad en la preparación, respuesta y recuperación ante emergencias, incluyendo la continuidad de medicamentos, rehabilitación y tecnologías de apoyo durante las crisis.

Para la OPS y la CEPAL, garantizar la inclusión de las personas con discapacidad no solo responde a un compromiso con los derechos humanos, sino que también es fundamental para construir sistemas de salud más resilientes frente al envejecimiento poblacional, el aumento de las enfermedades crónicas y la creciente frecuencia de emergencias y desastres.