La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) instaron hoy a los países de la región a no dejar a la salud de lado en la agenda pública durante el actual período pospandemia. La inversión en este sector debe ser una prioridad, tanto por el deber de garantizar el derecho a la salud de la población como por su papel fundamental en el logro del desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe, señalaron en un nuevo informe conjunto.

A seis años de la fecha límite para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la CEPAL y la OPS presentaron el documento de política  La urgencia de invertir en los sistemas de salud en América Latina y el Caribe para reducir la desigualdad y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible  (ODS), en el que señalan que la pandemia de COVID-19, sumada a la crisis del desarrollo en América Latina y el Caribe, ha creado una situación que amenaza el logro de los ODS en la región.

“Las desigualdades en el acceso a la salud, las brechas en la calidad de la atención recibida y los altos gastos de bolsillo que genera la población no solo subrayan la urgencia de incrementar el gasto público en salud, junto con una gestión eficiente de los recursos, sino que también revelan la necesidad de avanzar en la sostenibilidad financiera de las inversiones para fortalecer la resiliencia de los sistemas de salud”, señalan la CEPAL y la OPS. Para lograrlo, es fundamental que los países avancen en acuerdos sociales respaldados por fuertes pactos fiscales.

Aunque el gasto público en salud en América Latina y el Caribe aumentó 25% entre 2000 y 2014, el gasto promedio fue de 4,5% del PIB en 2021, todavía por debajo de la meta de al menos 6,0% del PIB propuesta por la OPS/OMS.

En 2021, solo el 61% del gasto total en salud en la región correspondió a gasto público, lo que pone de relieve el importante papel que aún desempeña el gasto privado en los países, siendo el gasto de bolsillo el principal componente. En promedio, señala el informe, los hogares de la región tuvieron que cubrir más del 28% del gasto total en salud con pagos de bolsillo en 2021, y en 11 países el gasto de bolsillo fue incluso superior al 35%. Esta cifra es preocupante, ya que los gastos de bolsillo perpetúan las desigualdades en el acceso y la calidad de la atención y pueden traducirse en gastos catastróficos o empobrecedores.

El documento fue presentado por José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, y Jarbas Barbosa, Director de la OPS, con comentarios de Ximena Aguilera, Ministra de Salud de Chile.

“América Latina y el Caribe enfrenta hoy una crisis de desarrollo y se encuentra atrapada en tres trampas: baja capacidad de crecimiento, alta desigualdad y baja movilidad y cohesión social, y baja capacidad institucional y gobernanza ineficaz. En el sector de la salud, persisten la subfinanciación crónica, la fragmentación y la segmentación de los sistemas de salud. Ahora, más que nunca, se requieren transformaciones esenciales en los modelos de desarrollo de la región, siendo la salud clave para ampliar la protección social y avanzar hacia un desarrollo más productivo, inclusivo y sostenible”, afirmó José Manuel Salazar-Xirinachs, Secretario Ejecutivo de la CEPAL.

Por su parte, el director de la OPS, Jarbas Barbosa, destacó que “superar las barreras de acceso a la atención, que hoy dejan a casi 3 de cada 10 personas de la región con necesidades de salud insatisfechas, es fundamental para cumplir el derecho a la salud y alcanzar la salud universal”. Asimismo, resaltó que “los países deben invertir más y mejor, no solo en hospitales y centros de salud, sino en la combinación adecuada de recursos humanos, infraestructura, equipos, medicamentos y tecnologías sanitarias para garantizar la atención a todos. La pandemia nos ha enseñado que necesitamos sistemas de salud más fuertes y resilientes, y solo lo lograremos si invertimos en ellos”.

Las últimas proyecciones de la CEPAL indican que sólo el 22% de las metas de los ODS se cumplirán en 2030, mientras que el 46% de ellas requieren avances más rápidos para alcanzarse en el tiempo previsto, y el 32% no se alcanzará.

El retroceso en el logro de los ODS debido a la pandemia y las crisis en cascada “es evidente en indicadores de salud clave, como la mortalidad materna, la cobertura de inmunización y otros asociados con la desnutrición y la salud mental”, señala el documento conjunto.

La alta desigualdad resultante de los determinantes sociales de la salud en la región se refleja, por ejemplo, en que el quintil de menores ingresos tiene una tasa de mortalidad materna más de siete veces superior a la del quintil de mayores ingresos. Lo mismo ocurre con la mortalidad de los menores de cinco años: el grupo de ingresos más desfavorecidos tiene alrededor de 4,5 veces el riesgo de morir en comparación con el grupo económicamente más favorecido.

Lo mismo ocurre con las enfermedades crónicas no transmisibles: el grupo más desfavorecido tiene un riesgo 46% mayor de morir entre los 30 y los 69 años por estas enfermedades en comparación con el grupo más favorecido. Por último, los datos de 2019 indican que la tasa de mortalidad atribuible al agua insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de higiene es casi seis veces mayor en el quintil de ingresos más bajos, lo que pone de relieve el impacto de las condiciones de vida en la salud de las personas.

Tanto la CEPAL como la OPS destacan la relevancia de la estrategia de atención primaria de salud, considerando sus tres componentes –servicios integrados y funciones esenciales de salud pública, acción multisectorial y participación social– como parte de la transformación de los sistemas de salud para reducir las desigualdades y enfrentar los retrocesos en la implementación de la Agenda 2030. Un enfoque integral e intersectorial que articule la salud y los demás componentes de la protección social permite abordar los determinantes sociales de la salud.

“Es crucial consolidar sistemas de salud universales, integrales, sostenibles y resilientes que aseguren el acceso y la cobertura universal, brinden atención oportuna y de calidad a toda la población independientemente de su capacidad de pago, y cuenten con mecanismos de financiamiento solidarios y sostenibles y con capacidad de adaptación a los cambios y las crisis”, concluye el documento.

El informe presentado ayer es la tercera publicación elaborada conjuntamente por ambas instituciones, tras los  documentos de 2020 y  2021 dedicados a analizar los impactos de la pandemia de COVID-19.