(El Mercurio) La próxima semana comenzará a operar el mecanismo que permitirá que unos 650 mil jubilados que pertenecen a Fonasa y que reciben una pensión básica solidaria puedan acceder al sistema de libre elección, lo que significa que podrán migrar hacia alguno de los prestadores privados que operan en el país.

Si todos los beneficiarios potenciales usaran el sistema, el costo para el fisco ascendería a unos $30 mil millones anuales, los que se sumarían a los recursos que actualmente el Estado traspasa al sector privado, ya sea bajo la modalidad de libre elección -los pacientes de Fonasa eligen dónde atenderse- o de compras directas de prestaciones, fundamentalmente días de cama y operaciones complejas.

Según cifras de la Dirección de Presupuestos (Dipres), entre 2006 y 2011 los recursos que el fisco transfirió directamente al sector privado se multiplicaron por dos, pasando de $49 mil millones (US$ 100 millones) a $109 mil millones (US$ 221 millones). Para un sector, estas cifras demuestran que clínicas y hospitales se pueden complementar de manera exitosa, lo que permite que ninguno de los dos sistemas invierta de manera excesiva en infraestructura que durante algunos meses queda subutilizada.

Para otros, en cambio, es la privatización y la causa de que el Estado haya disminuido su capacidad hospitalaria, priorizando la compra de prestaciones por encima de la inversión en infraestructura propia.

Si en 2005 el Estado contaba con 28 mil camas, hoy dispone de 26.300. Además, esta cifra está por debajo del máximo histórico, que data de 1969, cuando los hospitales del Estado tenían 35 mil camas. Las clínicas privadas, en tanto, incrementaron su número de camas en 20%.

En paralelo, si hace una década el 38% de todas las prestaciones que realizaban las clínicas eran financiadas por Fonasa, hoy esa cifra asciende a 46%.

A nivel internacional, este escenario sitúa a Chile como el segundo país con menos camas hospitalarias por habitantes dentro de los que integran la OCDE: tiene 2,4 camas por cada 1.000 personas, sólo superando a México, que tiene 1,7 camas por cada mil habitantes. En el extremo opuesto, Japón dispone de 13,7 camas por 1.000 habitantes.

Según el ministro de Salud, Jaime Mañalich, hay razones económicas y demográficas que a su juicio explican esta situación: «Nosotros tenemos una proporción de camas por habitantes que es baja, pero si uno las ajusta por edad, estamos en el promedio de la OCDE. La probabilidad de hospitalizarse en una persona de cincuenta años es mayor que la probabilidad de una persona de treinta años. Y la estructura demográfica de los países de la OCDE es muy diferente a la que tiene Chile hoy».

Tampoco es efectivo, dice, que durante este gobierno se haya disminuido la infraestructura hospitalaria: «Antes que nosotros recibiéramos el Gobierno había 26.200 camas, de las cuales perdimos 4.500 en el terremoto y hoy tenemos 26.300 funcionando. Primera conclusión, nosotros no tenemos compromisos de camas vinculadas al terremoto. Ese tema está resuelto».

Se duplicaron las compras y no las camas

El hecho de que las transferencias del fisco a las clínicas se hayan multiplicado por dos no significa que el sector privado haya tenido que aumentar también su infraestructura instalada en una proporción similar.

Esto se explica porque la mayor parte de los servicios que el Estado compra a los privados corresponden a prestaciones ambulatorias.

De todas las consultas médicas que realizan las clínicas, el 53% corresponde a pacientes Fonasa y 47% a isapres. En el caso de las hospitalizaciones, en cambio, el 21% viene del sector público.

El académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Marcos Vergara, agrega que el aumento que se observa en las compras directas que el Estado hace al sector privado no responde necesariamente a un encarecimiento de los servicios, sino a la cantidad.

«La necesidad de cumplir con las garantías Auge están detrás de estas cifras. No es un tema relacionado con el precio», dice.

De hecho, el IPC de la salud que elaboró el Minsal para los años 2010 y 2011 da cuenta de que el costo de las atenciones ambulatorias y hospitalarias exhibe una variación real de sólo 2,15% entre un año y otro.

Además, Vergara considera que los dineros que se traspasan a las clínicas bajo esta modalidad no son excesivos en relación al presupuesto que maneja Fonasa. Para el ítem prestaciones valoradas, que son aquellas en que los hospitales y las clínicas se complementan, el Estado dispone de $683 mil millones al año y un sexto de esos recursos va a los privados.