El presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, se unió a los cuatro magistrados más progresistas de la Corte para defender la reforma sanitaria de Obama. En ese sentido

«El requisito de pagar una multa en caso de no tener seguro médico puede ser entendido razonablemente como un impuesto«, dijo en la sentencia el presidente del tribunal, John Roberts. «Ya que la Constitución permite tal impuesto, no es nuestro papel prohibirlo, o pronunciarnos sobre su conveniencia o justicia», subrayó. 

Por cinco votos a favor y cuatro votos en contra, el máximo tribunal de Estados Unidos acepta que todos los estadounidenses deban contratar un seguro privado de salud antes de 2014, bajo pena de pagar una multa. Las aseguradoras, por su parte, están obligadas a cubrir a las personas con problemas de salud preexistentes.

La Corte también ha limitado la extensión de la ley del programa de Medicaid para los pobres, argumentando que el Gobierno federal no puede amenazar con retener el dinero de los estados que no cumplan plenamente.

El presidente Obama aprobó la reforma sanitaria en 2010. La legislación tenía por objetivo que tdos los estadounidenses sin seguro médico  pudieran acceder a uno más barato –al ser obligatorio para todos los ciudadanos se presumen que los precios bajarán– o entrar a formar parte del sistema de protección sanitaria federal, conocido como «Medicaid».

Entre 400 y 500 personas presenciaron el momento de los veredicto el salón de la corte, testigos únicos de un momento histórico que no fue transmitido por televisión o radio. 

Éste es el mayor logro legislativo del presidente, en plena campaña por la reelección.

Aparte del mandato de seguro, el tribunal consideró la validez de la significativa expansión por la ley de Medicaid, el programa conjunto federal-estatal de salud para los pobres.

El máximo tribunal dedicó más de seis horas a los argumentos sobre el tema durante tres días en marzo. Los jueces se reunieron el 30 de marzo para votar y decidir quienes escribirían las opiniones finales. En un caso de esta magnitud, el juez supremo probablemente escribió la opinión de la mayoría, presumiendo que él está en la mayoría.

En este sentido, los republicanos consideran que la reforma atropella las libertades individuales, aumenta los costos del cuidado de la salud, recorta el programa ‘Medicare’ para ancianos y jubilados y socava la Constitución.