En los sistemas de salud modernos existe un desafío permanente: cómo garantizar que las personas accedan oportunamente a las prestaciones que necesitan, mientras se preserva la sostenibilidad de los recursos que financian esa atención. Alcanzar ese equilibrio no es sencillo. Sin embargo, cuando los distintos actores del ecosistema encuentran espacios de diálogo, evidencia y consenso, es posible construir soluciones que beneficien tanto a los pacientes como al propio sistema.

En ese contexto, la experiencia inicial de PROMESA en Argentina aplicable en financiadores regulados por la Superintendencia de Salud entrega señales alentadoras. Esta iniciativa, que agiliza los tiempos de respuesta de los aseguradores y descomprime carga judicial, durante sus primeros seis meses de implementación, reporta 246 procedimientos de mediación, de los cuales 208 ya finalizaron, con más de un 80% de resultados positivos. Estos datos sugieren que existen mecanismos alternativos capaces de resolver conflictos en salud de manera más ágil, promoviendo acuerdos entre las partes y evitando procesos más largos y complejos para los pacientes.

PROMESA pone sobre la mesa una conversación relevante para el futuro del sistema de salud: cómo generar mecanismos cada vez más ágiles, transparentes y basados en evidencia para responder a las necesidades de los pacientes. Al mismo tiempo es valioso avanzar en espacios institucionales que favorezcan el diálogo, la evaluación técnica y la búsqueda de soluciones sostenibles. Desde esa perspectiva, iniciativas como ésta pueden contribuir a fortalecer la confianza entre los distintos actores, mejorar la previsibilidad de los procesos y facilitar decisiones que equilibren las necesidades de los pacientes con la sostenibilidad del sistema en su conjunto.

Por ello, el principal aprendizaje de PROMESA no debe interpretarse como una discusión entre pacientes y financiadores, ni como una crítica a ningún actor del sistema. Por el contrario, representa una demostración de que existen espacios institucionales que pueden facilitar acuerdos, generar mayor previsibilidad y reducir tiempos de respuesta para quienes necesitan atención. Se trata de fortalecer la capacidad del sistema para resolver tensiones de manera colaborativa antes de que estas se transformen en conflictos.

Pero también hay una segunda lección. Si queremos reducir la judicialización de manera sostenible, es indispensable fortalecer los procesos de evaluación y priorización sanitaria. Y allí la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA) juega un rol central, ya que permite incorporar evidencia clínica, económica, epidemiológica y social para apoyar decisiones de cobertura y financiamiento. Su verdadero valor no radica únicamente en generar informes técnicos, sino en convertirse en un mecanismo transparente, predecible y confiable para los ciudadanos. Cuando las decisiones son percibidas como legítimas y basadas en evidencia, aumenta la confianza institucional.

La experiencia reciente de PROMESA parece apuntar precisamente en esa dirección. No se trata solamente de resolver conflictos más rápido. Se trata de construir confianza, mejorar los mecanismos institucionales de toma de decisiones y avanzar hacia un modelo de acceso oportuno.

Porque cuando un sistema logra resolver diferencias mediante el diálogo, la evidencia y la colaboración, los principales beneficiados son siempre los mismos: las personas que esperan una respuesta oportuna a sus necesidades de salud. Y ese debe seguir siendo el objetivo que nos una a todos.