Se presentó el documento estadístico “Vivir y envejecer en contextos de desigualdad”
¿Cómo han evolucionado las condiciones de vida de las personas de 60 años y más residentes en áreas urbanas de la Argentina durante el período 2017-2025? ¿A qué factores se deben las variaciones observadas?.
El nuevo documento estadístico, titulado “Vivir y envejecer en contextos de desigualdad. Evolución de la subsistencia económica, el hábitat, la salud y el bienestar subjetivo en la población de 60 años y más (2017-2025)”, elaborado por Solange Rodríguez Espínola, Enrique Amadasi y José Eduardo Moreno y en articulación institucional con la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología (SAGG), busca responder algunos de los planteos que el acelerado envejecimiento poblacional pone en la agenda pública en materia de investigación gerontológica y diseño de políticas públicas orientadas a garantizar un envejecimiento saludable, digno, equitativo y con derechos. El documento estadístico del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA) se presentó esta mañana -viernes 28 de agosto- en el marco del XXII Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría que se lleva a cabo los días 27 y 28 de agosto en Mar del Plata, organizado por la Sociedad Argentina de Geriatría y Gerontología (SAGG).
El análisis adopta una perspectiva multidimensional del envejecimiento, abordando cuatro dimensiones centrales: subsistencia económica, hábitat y vivienda, estado y atención de la salud, y bienestar subjetivo. Más allá de la evolución de cada indicador, el documento pone de manifiesto que las condiciones materiales, sanitarias y psicosociales del envejecimiento no evolucionan de manera independiente, sino que se potencian entre sí, configurando escenarios de mayor o menor vulnerabilidad. Asimismo, en el documento se incorporan informes específicos sobre acceso a prestaciones del PAMI, creencias espirituales y necesidades de apoyo psicosocial, ampliando la perspectiva comprensiva de las múltiples realidades que atraviesan las personas mayores.
Los resultados muestran un deterioro reciente de diversos indicadores sociales y sanitarios, evidenciando que las condiciones materiales y psicosociales del envejecimiento se encuentran profundamente influenciadas por el contexto socioeconómico. Se destaca que las desigualdades sociales constituyen el principal determinante de las diferencias observadas: el nivel socioeconómico, el nivel educativo alcanzado y el tipo de hogar explican mejor las brechas en salud, bienestar y calidad de vida que la edad cronológica por sí sola.
Así, la evidencia científica provista señala la necesidad de desarrollar estrategias intersectoriales que contemplen las desigualdades acumuladas a lo largo del curso de vida; interpela a los sistemas de apoyos y cuidados y reafirma la necesidad de promover respuestas integrales, interdisciplinarias y centradas en la persona mayor.
La situación económica de las personas mayores se ha deteriorado durante el último bienio. La insuficiencia de ingresos alcanzó al 46,0% de los hogares con personas mayores en 2024-2025, el valor más elevado de toda la serie analizada y cinco puntos porcentuales por encima del período 2022-2023. La problemática afecta especialmente a los estratos socioeconómicos bajos (55,2%) y muy bajos (71,1%), donde más de siete de cada diez hogares declaran que sus ingresos no alcanzan para cubrir gastos básicos.
La inseguridad alimentaria aumentó sostenidamente durante el período, pasando de 12,3% en 2017-2019 a 18,4% en 2024-2025. Las desigualdades son profundas: mientras en el estrato medio alto afecta al 1,1% de las personas mayores, alcanza al 39,1% entre quienes pertenecen al nivel socioeconómico muy bajo. De esta manera, las personas mayores del estrato muy bajo presentan un riesgo de inseguridad alimentaria más de 35 veces superior al observado en el estrato medio alto.
El 21,3% de los hogares con personas mayores debió dejar de pagar algún servicio público por razones económicas, cifra que asciende a casi cuatro de cada diez hogares en el estrato más vulnerable (39,4%).Aunque las necesidades económicas aumentan, la cobertura de programas sociales no acompaña la magnitud de las privaciones. Mientras que el 71,1% de los hogares muy bajos presenta insuficiencia de ingresos, solo el 42,4% recibe algún programa de transferencia o asistencia alimentaria. Además, la cobertura general entre los hogares con personas mayores descendió de 30,6% durante la pandemia a 26,8% en 2024-2025.
Los déficits habitacionales continúan afectando a una proporción importante de las personas mayores. El 11,8% reside en viviendas que no cumplen condiciones adecuadas, situación que se agrava entre los sectores más pobres, donde el indicador alcanza al 27,5%. Por otra parte, el déficit de acceso a servicios básicos (agua, gas o saneamiento) afecta al 25,2% de la población mayor y alcanza al 49,3% entre quienes pertenecen al estrato socioeconómico muy bajo. Es decir, prácticamente una de cada dos personas mayores pobres presenta carencias en servicios esenciales del hogar. La salud constituye una de las dimensiones donde se observan los deterioros más importantes.
El 35,2% de los hogares con personas mayores debió postergar o resignar atención médica o medicamentos por motivos económicos, registrándose el valor más alto de la serie. El aumento respecto de 2022-2023 fue de casi 10 puntos porcentuales. Entre los hogares muy bajos, esta dificultad alcanza al 55,0%. Durante 2025, aproximadamente el 74% de las personas mayores afiliadas utilizó PAMI para consultas médicas y el 70% para la compra de medicamentos. Sin embargo, mientras el 61,7% evalúa positivamente la atención médica, sólo el 49,7% valora positivamente la cobertura de medicamentos. Las valoraciones resultan más bajas entre los sectores socioeconómicos más vulnerables.
El 28,9% de las personas mayores presenta una percepción negativa de su estado de salud. Esta proporción es más de tres veces superior a la observada entre la población de 18 a 59 años (9,0%) y se incrementa entre los grupos socialmente más vulnerables.
Uno de los resultados más preocupantes del estudio es el marcado crecimiento del malestar psicológico. Entre 2017-2019 y 2024-2025 el indicador aumentó de 19,5% a 34,0%, constituyéndose en uno de los deterioros más pronunciados de toda la serie. En el estrato socioeconómico muy bajo afecta al 51,8% de las personas mayores, es decir, a más de la mitad de esta población.
El bienestar subjetivo también evidencia señales de deterioro. El déficit de proyectos personales alcanzó al 26,8% de las personas mayores, reflejando dificultades para pensar el futuro más allá de las necesidades inmediatas. Entre los sectores muy bajos el indicador asciende al 36,6%. Por su parte, el sentimiento de infelicidad aumentó de 15,1% a 17,5% durante el período estudiado y afecta a casi una cuarta parte de las personas mayores del estrato muy bajo (23,6%). La soledad continúa constituyendo un desafío relevante. Tras el fuerte incremento registrado durante la pandemia (33,6% en 2021), el indicador descendió, aunque en 2025 todavía alcanza al 16,0% de las personas mayores. La situación es especialmente frecuente entre quienes viven solos, donde la incidencia asciende al 22,6%.
El informe destaca que una proporción importante de las personas mayores experimenta déficits de contención social y que la espiritualidad continúa funcionando como un recurso protector asociado al bienestar y la satisfacción vital. Los datos de 2025 muestran que: el 12,9% se declara insatisfecho con su vida. El 27,2% está insatisfecho con su salud. El 51,9% percibe falta de contención social. La falta de contención social constituye el déficit más extendido entre los recursos psicosociales evaluados y alcanza niveles especialmente elevados en hogares multipersonales mixtos (57,9%), estratos medios bajos (58,9%) y personas con bajo nivel educativo (55,0%). Asimismo, sólo el 19,9% manifiesta ausencia de creencias espirituales, lo que sugiere que la espiritualidad continúa funcionando como un recurso significativo para el bienestar subjetivo de gran parte de la población mayor.
La evidencia reunida muestra que las desigualdades sociales continúan siendo el principal determinante de las condiciones de vida en las personas mayores. Los déficits más severos en materia de ingresos, acceso a la alimentación, servicios básicos, atención de la salud, salud mental y bienestar subjetivo se concentran sistemáticamente en los estratos socioeconómicos bajos y muy bajos. En particular, el período 2024-2025 revela un agravamiento simultáneo de tres indicadores críticos: la insuficiencia de ingresos (46,0%), lo que deriva en las dificultades de acceso a la salud (35,2%) y el malestar psicológico (34,0%), configurando un escenario de creciente vulnerabilidad para amplios sectores de la población mayor.
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