El Senado aprobó un proyecto de ley que crea un régimen integral de protección a personas trasplantadas o que se encuentran en lista de espera de un donante, a las que les reconoce la cobertura total de sus tratamientos médicos, ya sea en obras sociales o prepagas; además de garantías laborales, sociales y hasta beneficios fiscales en virtud de su condición.

La iniciativa, que deberá ser discutida por la Cámara de Diputados, busca resolver casos en que los pacientes que nunca reciben alta médica, ya que viven inmunosuprimidos por el resto de sus días y tampoco son alcanzados por la ley de discapacidad.

La iniciativa establece que los pacientes, antes y después del trasplante, tendrán el 100% de cobertura de los tratamientos médicos, esté o no la patología relacionada con el trasplante, y de los estudios de diagnóstico.

Además, sostiene que la condición de trasplantado no podrá ser impedimento para permitir el ingreso o causal de despido laboral, considerándose un acto discriminatorio cualquier conducta en ese sentido.

El universo de personas beneficiadas deberá ser censado y definido por el Instituto Nacional Centro Unico Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), que deberá extender una credencial que las identifique.