La transformación de los sistemas de salud requiere mucho más que incorporar nuevas tecnologías o medicamentos. Exige revisar los modelos de atención, fortalecer la planificación pública y evaluar qué intervenciones generan beneficios concretos para la población. Esa fue una de las principales ideas que atravesó la conferencia institucional “La transformación del sistema de salud desde la gestión pública”, a cargo de Josep Maria Argimon, durante el 1er Congreso de la Fundación Iberoamericana Consenso Salud.

“Siempre pensamos en innovación, en tecnología, dispositivos, inteligencia artificial. Hay una innovación de procesos y de servicios y de modelos organizativos que es muy importante”, señaló Argimon al comienzo de su exposición. En esa línea, subrayó que el objetivo último de cualquier cambio en el sistema sanitario debe ser mejorar la atención de las personas.

Para Argimon, una de las principales dificultades consiste en distinguir entre una novedad y una innovación que efectivamente aporte valor. Para ilustrar esta diferencia, recurrió a ejemplos del deporte y explicó que una práctica novedosa no necesariamente produce mejores resultados ni puede reproducirse en otros contextos.

 

“No toda novedad es innovación y toda novedad o toda innovación debe evaluarse”, afirmó.

El especialista destacó que una innovación sanitaria debe reunir condiciones que permitan demostrar su utilidad y facilitar su incorporación a escala. Entre ellas, mencionó la reproducibilidad, la escalabilidad, la posibilidad de transferirla a otros contextos, la sostenibilidad y, especialmente, la evaluación.

En este punto, reivindicó el papel de las agencias de evaluación de tecnologías sanitarias, que, según sostuvo, no deben limitarse a elaborar informes técnicos. Su función también es estratégica, porque contribuyen a determinar qué innovaciones conviene incorporar, a qué población deben dirigirse, bajo qué condiciones y con qué recursos.

“Las agencias de evaluación o la evaluación de la innovación deben formar parte de la transformación del sistema”, remarcó.

 

Eficacia, efectividad y sostenibilidad

Otro de los ejes centrales de la conferencia fue la necesidad de distinguir entre la eficacia de un medicamento y su efectividad en las condiciones reales de atención. Argimon explicó que la autorización regulatoria y la decisión de financiar una tecnología sanitaria responden a preguntas diferentes.

En el ámbito europeo, señaló, la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) evalúa la relación entre beneficios y riesgos de los medicamentos y determina si cumplen los requisitos para su comercialización. Posteriormente, los sistemas sanitarios deben analizar su efectividad comparada, su costo-efectividad, el impacto presupuestario y su prioridad frente a otras necesidades.

“Básicamente, lo que mira es la efectividad comparada, si ya tengo un tratamiento que está aprobado, qué añade este nuevo tratamiento, el coste-efectividad, qué impacto presupuestario tiene y la prioridad para el sistema sanitario”, explicó.

Esta distinción cobra especial relevancia ante la aparición de medicamentos innovadores de alto costo. Argimon mencionó como ejemplo los anticuerpos monoclonales donanemab y lecanemab, destinados al tratamiento de la enfermedad de Alzheimer, cuya autorización en Europa no implica automáticamente su financiación por parte de los sistemas públicos.

El escenario, advirtió, plantea interrogantes sobre la equidad: cuando un tratamiento está disponible comercialmente, pero no cuenta con financiación pública, la capacidad económica puede convertirse en un factor determinante para acceder a él.

La sostenibilidad financiera constituye otro desafío. Para dimensionarlo, Argimon indicó que, en Cataluña, de un presupuesto sanitario de aproximadamente 16.000 millones de euros, unos 2.000 millones se destinan a medicamentos de alto costo.

La cuestión, por lo tanto, no consiste únicamente en determinar si una tecnología funciona, sino también en establecer cuánto valor aporta, qué recursos demanda y cómo se compatibiliza su incorporación con las necesidades del conjunto de la población.

 

Planificación pública y decisiones de largo plazo

Argimon sostuvo que los desafíos de los sistemas sanitarios son similares en distintos países: el envejecimiento de la población, el aumento de las enfermedades crónicas, la fragilidad, el cambio climático y las presiones financieras obligan a repensar las políticas públicas.

Sin embargo, advirtió que no existen soluciones universales. Cada sistema de salud responde a una historia, una cultura y un contrato social determinados, por lo que las experiencias internacionales deben analizarse antes de intentar replicarlas.

“No existen recetas únicas, porque un sistema sanitario es un contrato social”, afirmó.

En ese sentido, destacó la importancia del intercambio de experiencias y del análisis comparado entre países y regiones, aunque aclaró que trasladar una iniciativa de un contexto a otro requiere considerar las diferencias políticas, sociales y demográficas.

Para el especialista, cualquier proceso de transformación debe contemplar tres dimensiones inseparables: la gobernanza, la financiación y el modelo asistencial.

En materia de gobernanza, defendió la necesidad de una conducción pública capaz de planificar la organización territorial de los servicios, independientemente de que la provisión sea pública, privada o mixta. Sin esa planificación, advirtió, los prestadores pueden desarrollar sus propias ofertas sin responder necesariamente a las necesidades sanitarias de la población.

La financiación también requiere revisar los incentivos que orientan el funcionamiento de los prestadores. Según explicó, los sistemas que remuneran principalmente la actividad tienden a incentivar la producción de servicios, mientras que los modelos orientados a resultados buscan promover otros objetivos. La clave es diseñar mecanismos de pago coherentes con las prioridades sanitarias.

Una transformación centrada en las personas

En el cierre de su exposición, Argimon volvió sobre la idea que estructuró toda la conferencia: la innovación no puede evaluarse exclusivamente por su novedad tecnológica, sino por su capacidad para mejorar la salud de la población.

La transformación sanitaria, planteó, requiere decisiones informadas, consenso político y social, planificación territorial y mecanismos de evaluación que permitan conocer si las políticas implementadas producen los resultados esperados.

En un escenario de creciente demanda de atención y recursos limitados, el desafío para la gestión pública consiste en combinar la incorporación responsable de innovaciones con la sostenibilidad del sistema y la equidad en el acceso.

La conclusión del especialista sintetizó esa perspectiva: “La innovación es una herramienta, pero no es una finalidad en sí misma, la finalidad es conseguir mejorar la salud de la ciudadanía”.