La Presidenta Cristina Fernández de Kirchner puso en marcha ayer, en Casa de Gobierno, un sistema de información para el control y seguimiento de los medicamentos destinado a evitar falsificaciones, robos o adulteraciones, que permitirá establecer y registrar dónde se encuentra un producto desde el momento de su elaboración hasta que llega a manos de los pacientes. La implementación de esta medida corresponderá al Ministerio de Salud de la Nación, a cargo de Juan Luis Manzur, a través de la Administración Nacional de Alimentos, Medicamentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Según anunció el Gobierno, la trazabilidad permitirá prevenir riesgos en la salud por la utilización de productos ilegítimos, desalentar el robo y contrabando de medicamentos, detectar duplicaciones y desvíos de la cadena legal de comercialización, brindar seguridad a los usuarios y reducir costos y optimizar el uso de los recursos públicos. Mediante su implementación, cada empresa o entidad interviniente deberá generar códigos que se incorporarán a la base de datos del sistema de la ANMAT. Cada caja o unidad de producto tendrá un código propio y único, inmodificable e intransferible.

En una primera etapa, se comenzará a aplicar sobre doscientos productos comerciales, -generados en base a 88 ingredientes farmacéuticos activos- conocidos como de “alto costo y baja incidencia” y destinados al tratamiento de patologías complejas, entre las que se cuentan las oncológicas, el VIH/sida, hemofilia, artritis reumatoidea, fibrosis quística, tratamientos específicos contra el asma, acromegalia, degeneración macular húmeda y los de anemia relacionada con la enfermedad renal crónica. También con el tratamiento de la hepatitis crónica, de trastornos autoinmunes, esclerosis múltiple, hipertensión arterial pulmonar, síndrome mielodisplásico y algunos casos de osteoporosis.

El sistema deberá ser implementado por todos los componentes que formen parte de la cadena comercial de distribución y que intervengan en la entrega de especialidades medicinales. El mismo consiste en la identificación unívoca de cada unidad a ser comercializada, desde que es producida por el laboratorio, pasando por las distribuidoras, operadores logísticos, droguerías, farmacias y establecimientos asistenciales hasta, finalmente, llegar al paciente.

Las políticas de fiscalización 

La falsificación y adulteración de los medicamentos constituye una amenaza para la salud en todo el mundo. Se trata de un negocio ilícito altamente lucrativo que, desde hace años, afecta por igual a países desarrollados y en vías de desarrollo.  La Organización Mundial de la Salud  (OMS) trabaja en esto desde 1998 y, si bien el tema no es novedoso, los expertos señalan que recién en los últimos dos años se ha comenzado a vislumbrar cuál es la magnitud del problema, sin dudas comparable con el del tráfico de armas o de drogas.

Aunque es imposible cuantificar en términos económicos cuánto dinero se mueve a través de estas redes, la OMS habla de miles de millones de dólares y miles de millones de medicamentos falsificados anualmente. Se estima que, tan sólo en Europa occidental, el comercio ilegal de medicamentos genera un comercio de más de 14.000 millones de dólares anuales.

En nuestro país funciona hace algunos años el Programa Nacional de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos, implementado por la ANMAT, que en un primer momento estuvo destinado a combatir el fenómeno de la producción de fármacos, principalmente de venta libre y bajo costo, en locales no habilitados o simples galpones