La gobernanza de los sistemas de salud, la necesidad de fortalecer la coordinación entre instituciones y el desafío de transformar las decisiones políticas en resultados concretos para la población fueron los principales temas del panel “Gobernar la salud en Iberoamérica: Ministerios de Salud regionales”, realizado en el marco del Congreso de la Fundación Iberoamericana Consenso Salud (FICS).

Con la moderación del doctor Juan Manuel Sotelo, presidente de Development Outcomes Organization, el encuentro reunió a tres referentes con experiencia en la gestión sanitaria y las políticas públicas: Alexander Sánchez Cabo, ministro de Salud de Costa Rica; Karla Rubilar, exministra de Desarrollo Social y Familia de Chile; y Alejandro Aguinaga, senador de Perú y exministro de Salud.

A lo largo de las exposiciones, los participantes coincidieron en que los desafíos sanitarios de Iberoamérica requieren mucho más que inversiones en infraestructura, tecnología y recursos humanos. También demandan instituciones capaces de coordinar sus acciones, establecer responsabilidades, reducir desigualdades y garantizar que las políticas públicas se traduzcan en mejoras concretas en la vida de las personas.

 

Costa Rica: nuevas herramientas para reducir las listas de espera

Durante su presentación, Alexander Sánchez Cabo destacó que los países de la región comparten problemas estructurales, independientemente de las características particulares de sus sistemas sanitarios. Entre ellos, mencionó las demoras en la atención, la fragmentación de la información clínica, las restricciones financieras y las desigualdades territoriales.

“Todos tenemos listas de espera para atender a los pacientes”, señaló el ministro, quien advirtió que estas dificultades reflejan, en buena medida, las limitaciones de los modelos actuales de gobernanza.

En ese contexto, presentó dos iniciativas regulatorias impulsadas por el Gobierno de Costa Rica: un decreto para establecer un nuevo modelo de gestión de las listas de espera y otro destinado a garantizar la interoperabilidad de la información en salud entre prestadores públicos y privados.

El primero busca que cada prestador establezca tiempos máximos de atención de acuerdo con criterios clínicos y desarrolle mecanismos de gestión de riesgos para evitar que las demoras comprometan la salud de los pacientes. Si una institución no puede resolver un caso dentro del plazo establecido, deberá adoptar medidas correctivas y, cuando corresponda, buscar una alternativa de atención dentro del sistema, incluido el sector privado.

El segundo decreto apunta a superar la fragmentación de los sistemas informáticos. Aunque Costa Rica cuenta desde hace años con el Expediente Digital Único en Salud (EDUS), su utilización no abarca de manera integrada a todos los prestadores.

La propuesta establece un marco nacional para facilitar el intercambio seguro y estandarizado de información, con resguardo de la confidencialidad, la protección de datos y los derechos de los pacientes.

Ambas iniciativas, explicó Sánchez Cabo, están vinculadas: para garantizar que una persona reciba atención oportuna en otra institución, es indispensable que su información clínica pueda acompañarla.

“El verdadero éxito de nuestros sistemas de salud no se mide únicamente por lo que hacen cada una de nuestras instituciones. El verdadero éxito de nuestros sistemas de salud se mide por lo que van a recibir los ciudadanos”, afirmó.

El ministro también se refirió a la situación de seguridad de Costa Rica y al avance del crimen organizado transnacional. En ese sentido, sostuvo que el país mantiene su compromiso histórico con la paz y la tradición democrática, y remarcó la importancia de una respuesta integral del Gobierno y de la cooperación internacional.

Karla Rubilar: la salud también se gobierna desde las políticas sociales

La exministra chilena Karla Rubilar aportó una mirada centrada en los determinantes sociales de la salud y en la necesidad de articular las políticas sanitarias con las decisiones de otras áreas del Estado.

Médica y especialista en salud pública, Rubilar explicó que su experiencia al frente del Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile le permitió comprender que muchas de las condiciones que determinan la salud de la población exceden las competencias de los ministerios sanitarios.

“La salud no se gobierna desde la salud. La salud se gobierna desde el Estado completo”, sostuvo.

Para ilustrar esta idea, planteó que la atención médica puede resolver una enfermedad respiratoria, pero no eliminar los factores ambientales que la provocan si un niño regresa a una vivienda con humedad y calefacción contaminante. De la misma manera, las intervenciones sanitarias pueden resultar insuficientes si no se consideran las condiciones económicas y sociales de las familias.

Rubilar también recordó las dificultades que enfrentó Chile durante la pandemia de COVID-19, cuando las medidas sanitarias debían compatibilizarse con las necesidades económicas de quienes dependían de sus ingresos diarios.

“Una medida puede tener una sólida justificación epidemiológica, pero necesitar al mismo tiempo una respuesta social para ser efectiva”, explicó, al referirse a las políticas de protección de ingresos implementadas durante la emergencia.

Otro de los puntos centrales de su exposición fue la colaboración público-privada. Para la exministra, la participación de distintos sectores puede contribuir a mejorar los resultados sanitarios, siempre que existan reglas claras, transparencia, objetivos verificables y responsabilidades definidas.

En ese marco, enfatizó que la tecnología y la innovación solo pueden producir cambios efectivos si están acompañadas por instituciones capaces de actuar y coordinarse.

“La tecnología puede identificar un problema, pero alguien tiene la responsabilidad de resolverlo”, afirmó.

Además, advirtió sobre la necesidad de incorporar los determinantes digitales a las políticas sanitarias. Según señaló, las brechas tecnológicas pueden profundizar las desigualdades existentes si dejan atrás a adultos mayores, habitantes de zonas rurales y personas en situación de vulnerabilidad.

Como propuesta para Iberoamérica, Rubilar planteó fortalecer la cooperación regional en materia de conocimiento sanitario y diseñar políticas públicas que contemplen las particularidades sociales, territoriales e institucionales de cada país.

Alejandro Aguinaga: descentralización, atención primaria y financiamiento por resultados

Por su parte, el senador peruano Alejandro Aguinaga centró su intervención en la diferencia entre administrar un sistema sanitario y gobernarlo estratégicamente.

“Administrar es organizar recursos, gestionar es conseguir que produzcan resultados, pero gobernar es algo más trascendente: definir hacia dónde queremos conducir la salud de una nación, construir acuerdos, establecer responsabilidades, anticipar riesgos y garantizar que las decisiones de hoy protejan también a las generaciones futuras”, expresó.

Aguinaga destacó que las políticas sanitarias deben responder a la diversidad geográfica, social y cultural de los países iberoamericanos. En ese sentido, señaló que la descentralización debe estar acompañada de recursos, personal capacitado y capacidad efectiva de decisión, para evitar que las responsabilidades se transfieran a los territorios sin las herramientas necesarias para cumplirlas.

Durante su exposición, formuló cinco propuestas para fortalecer la gobernanza sanitaria en América Latina: avanzar hacia una descentralización con resultados medibles; consolidar la atención primaria como organizadora del sistema; promover la integración entre instituciones; vincular el financiamiento con resultados concretos; y profundizar el intercambio regional de experiencias y buenas prácticas.

Sobre este último punto, remarcó que la cooperación no debe limitarse a replicar modelos exitosos, sino que también debe permitir aprender de los errores y adaptar las experiencias a las realidades de cada país.

“No basta ejecutar el presupuesto. Hay que demostrar qué vidas mejoraron con él”, afirmó, al defender la necesidad de avanzar hacia mecanismos de financiamiento por resultados.

El senador también propuso que la Fundación Iberoamericana Consenso Salud impulse una agenda regional de gobernanza sanitaria, mediante una red voluntaria de autoridades, profesionales, legisladores y académicos que permita compartir experiencias y evaluar avances en áreas como el acceso a la atención, los tiempos de espera, los medicamentos, la prevención y la calidad de los servicios.

En el intercambio posterior con Sotelo, Aguinaga volvió sobre la fragmentación de los sistemas sanitarios y planteó la importancia de avanzar hacia una mayor integración entre los distintos subsistemas, así como de separar las funciones de financiamiento y prestación de servicios.

En el cierre de su exposición, Aguinaga sintetizó: “Que la salud deje de ser una promesa que se pronuncia y se convierta en una garantía que se cumple”.

El desafío planteado en el panel es, precisamente, avanzar desde las declaraciones de principios hacia compromisos concretos, con responsables, plazos e indicadores que permitan medir resultados. Una agenda en la que la calidad de la gobernanza sanitaria se evalúe no solo por las decisiones que toman los gobiernos, sino, fundamentalmente, por la capacidad de esas decisiones para mejorar la salud y la calidad de vida de la población iberoamericana.