La presidenta Dilma Rousseff vetó el 18 de mayo pasado un proyecto de ley que autorizaba la venta de medicamentos sin prescripción médica en supermercados, almacenes y otros comercios.

El 25 de abril el senado brasileño aprobó sorpresivamente un proyecto que establecía que los medicamentos podían ser expuestos como cualquier otro producto vendido en los establecimientos, sin restricción en cuanto al local y sin la necesidad de presencia de un farmacéutico.

Entidades del sector criticaron la decisión de los legisladores. La Asociación Brasilera de Redes de Farmacias y Droguerías (Abrafarma), planteó a través de un comunicado: `¿Vamos permitir la venta de medicamentos exentos de prescripción en establecimientos que no están relacionados a la salud, sin farmacéuticos y sin el debido control sanitario?”.

El presidente del Consejo Federal de Farmacia (CFF), Walter Jorge João, afirmó que no se está en condiciones de garantizar la calidad o el control del vencimiento de los medicamentos. `Tenemos cerca de 80 mil farmacias y droguerías (establecimientos donde no hay farmacéutico) en el país. Imagine llevar [los remedios] a supermercados y almacenes. Es un descontrol total. Quién va a fiscalizar eso?`, se preguntó João.

Incluso la Asociación Brasileña de la Industria de Medicamentos Exentos de Prescripción Médica (Abimip), expresó públicamente su desconcierto ante la aprobación del proyecto. `No tenemos posición definida. Nunca hicimos un debate o estudio sobre este tema. Nos tomaron de sorpresa”, informó el director de relaciones públicas de la asociación, Aurélio Saez.

Los senadores aprobaron esa medida en el ámbito del Proyecto de Ley de Conversión 7/2002 [que torna una medida provisoria en ley], de relatoría de Romero Jucá (PMDB-RR) que en realidad tenía como objetivo la exención de impuestos sobre productos destinados a facilitar las necesidades cotidianas de personas con discapacidad.

Finalmente el 18 de mayo la presidenta Dilma Rousseff vetó el proyecto afirmando que “La ampliación de la disponibilidad de medicamentos en los establecimientos en cuestión dificultaría el control sobre la comercialización. Además, la propuesta podría estimular la automedicación y el uso indiscriminado, que sería perjudicial para la salud pública».