(El País) Los homicidios ocurridos en el Hospital Maciel y la mutualista Asociación Española hicieron que todo el sistema sanitario quedara bajo sospecha. De pronto todos se preguntaron si existían controles, si se respetaban las normativas, si había protocolos de seguridad. Una de las primeras medidas que tomó el Ministerio de Salud Pública (MSP) fue la de ordenar una auditoría en los Centros de Terapia Intensiva (CTI) de todo el país para evaluar su funcionamiento y comenzar a despejar las interrogantes.

El ministro de Salud, Jorge Venegas, dijo a El País que ya tiene los resultados preliminares de estas inspecciones que el MSP realizó en más de 100 CTI de todo el país. Venegas destacó que el informe revelará, entre otras cuestiones, cuántas unidades intensivas cumplen con los mínimos recursos humanos y de infraestructura.

Sin embargo, sin necesidad de auditorías, el Sindicato Médico del Uruguay (SMU), y en particular la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), llevaba por los menos tres años avisando a las autoridades sanitarias sobre las irregularidades que enfrentaban estos servicios: una inadecuada dotación de médicos, déficit de camas, la no exigencia de título de especialista para ocupar cargos de intensivistas.

«Queremos decir enfáticamente que la SUMI y el SMU no sólo tienen respuesta para los cuestionamientos actuales, sino que ya los teníamos y que hace mucho que trabajamos para solucionarlos, dijo a El País el vicepresidente de SUMI, Gustavo Grecco.

«Nosotros cumplimos en denunciar y exigir. Y lo tenemos documentado», afirmó el especialista y lamentó la escasa respuesta de las autoridades sanitarias a sus planteos.

Los médicos vienen alertando de los problemas en el cumplimiento de la normativa que rige el funcionamiento en los CTI desde el año 2009.

Tuvieron reuniones con el exgerente general de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Enrique Buccino, con el exdirector general de Salud, Gilberto Ríos, y contactos telefónicos con el actual titular de esa dirección, Yamandú Bermúdez.

En un mail de circulación interna entre los intensivistas, fechado el 14 de septiembre de 2009, se hace un resumen de una de estas reuniones. Allí se expresa que existía «preocupación de la Sociedad de Medicina Intensiva respecto a la existencia de pacientes críticos que no reciben la asistencia adecuada y ven demorado su ingreso (a veces por muchísimas horas) a una Unidad de Cuidados Intensivos donde recibir el tratamiento correcto».

En otro correo, también de 2009, se habla de un «déficit real de camas de CTI en los Hospitales de ASSE que se arrastra desde hace varios años» y apunta que se le planteó a las autoridades la «preocupación por la falta de cumplimiento de la normativa vigente en numerosas instituciones de nuestro medio, tanto en Montevideo como el interior, así como en los subsectores público y privado».

El mensaje agrega que los aspectos relevantes mencionados a los jerarcas fueron la exigencia del título de especialista para trabajar en medicina intensiva y la relación cama habilitada/médico de guardia.

Estos dos aspectos, denunciados hace tres años, siguen sin resolverse, señaló Grecco.

Precisó que desde el año 1998 quedó establecida la exigencia del título para trabajar en medicina intensiva, pero «eso no se cumple en todos los lugares, en especial en el interior del país».

Grecco dijo que hay hospitales y mutualistas que contratan a médicos intensivistas que tienen dos o tres semestres de posgrado (son seis en total) o que no han rendido la prueba final. «El título es un estándar mínimo de calidad. Eso al paciente le asegura que quien lo está asistiendo tiene las competencias necesarias para brindarle la mejor atención», señaló Grecco.

El médico estimó que hay un 20% de cargos de medicina intensiva que se ejercen sin completar el título.

«Que el MSP cumpla su rol y ponga un plazo para que haya médicos con el título. Queremos que el ministerio ejerza su rol de fiscalizar para que la medicina intensiva se ajuste a normativas», reclamó Grecco.