La Asamblea General de la ONU creó un Grupo de Trabajo Especial bajo la presidencia de la Argentina (con la participación del PAMI y funcionarios nacionales) con el objetivo de elaborar para las personas
mayores una Convención Internacional como la que ya protege, por ejemplo, los derechos de grupos como niños, mujeres, personas con discapacidad y trabajadores.

La discriminación por razones de edad, la negligencia, el abuso y la violencia contra las personas mayores representan en la actualidad algunas de las más graves violaciones a los Derechos Humanos y el mundo
carece aún de un instrumento legal vinculante para estandarizar y proteger los derechos de estas personas. La situación se ve agravada por el fenómeno adicional de «invisibilidad» de la población con más de 60, 70 u 80 años, personas que van quedando fuera de la dinámica económica y social, especialmente cuando viven en instituciones geriátricas.

Como ocurrió anteriormente con esos grupos, una Convención Internacional sobre los Derechos de los Adultos Mayores no sólo podrá poner a su disposición todos los recursos disponibles a nivel judicial para reclamar sus derechos, sino que además creará un nuevo paradigma no discriminatorio que guíe a las políticas de Estado donde fuere.

En su exposición frente al grupo internacional, Federico Susbielles, gerente de Promoción Social y Comunitaria del PAMI destacó la necesidad de «garantizar la protección de los derechos de las personas mayores, liberando los obstáculos económicos, sociales y culturales».

Susbielles recordó también que «el PAMI hoy trabaja fuertemente en la prevención, la reconstitución del tejido social, la atención a la dependencia y a la vulnerabilidad económica social; trabajando en consonancia con el ministerio de Desarrollo Social y diseñando programas específicos de acuerdo a las necesidades de las personas mayores».

En su primer período de sesiones, el Grupo de Trabajo sobre los Derechos de los Mayores Adultos de la ONU comenzó un análisis del marco vigente de los Derechos Humanos de las personas mayores para la detección delas deficiencias existentes a nivel internacional, con la participación de los 192 países miembros, expertos de Naciones Unidas sobre derecho internacional, desarrollo y seguridad social, y de organizaciones sociales de todo el mundo.